La mayoría de los españoles, con suerte, disfrutó de una semana de vacaciones en Navidad. Y el 7 de enero regresó a una rutina laboral sólo alterada por los sobresaltos de la crisis: cuando no es la Bolsa que se hunde un poco más son las cifras de desempleo que enloquecen o las previsiones económicas que anuncian nubarrones aún más negros. En el Parlamento, en cambio, la vida transcurre con calmosa placidez. Tal vez demasiada: los 350 diputados y 264 senadores cumplirán mañana viernes un mes de vacaciones navideñas; y no volverán al trabajo hasta el próximo 10 de febrero. Para entonces, sus señorías habrán disfrutado de casi dos meses de descanso. Un privilegio que, en etapas tan convulsas como ésta, resulta difícil de justificar.
El anquilosado reglamento del Congreso de los Diputados -cuya urgente reforma prometen todos los gobiernos pero ninguno se ha atrevido a cumplir- establece que la Cámara debe reunirse anualmente en dos periodos de sesiones: de septiembre a diciembre -ya concluido- y de febrero a junio. Los meses de enero, julio y agosto son inhábiles, y la actividad parlamentaria se paraliza por completo durante esos 93 días. Sin embargo, no son ésas las únicas vacaciones de los profesionales del hemiciclo.
De los 181 días que tiene el primer semestre de 2009, los diputados sólo trabajarán 43. Los otros 138 podrán emplearlos en actividades privadas -apenas el 12% de los miembros de la Cámara tiene dedicación exclusiva-, en tareas de partido -quienes compaginen el escaño con un cargo orgánico- o en lo que les venga en gana. La razón de tan generoso calendario es que la semana laboral en el Congreso se reduce a tres días -martes, miércoles y jueves- durante tres semanas al mes. En la cuarta, aunque pueden convocarse comisiones y ponencias, nunca se celebran plenos ni sesiones de control al Gobierno.
Por si tanta holgura de horarios no fuera suficiente, el absentismo laboral se ha extendido en el hemiciclo como una plaga, mucho más voraz aún que la que, al otro lado de las paredes del Congreso, azota la calle. Y eso que la falta de asistencia al puesto de trabajo de los españoles de a pie se ha duplicado durante los últimos cinco años, hasta alcanzar un inquietante 6%.
Pero aún hay más. Una regla no escrita del mecanismo de funcionamiento de la Cámara ha instaurado la costumbre -eufemísticamente llamada cortesía parlamentaria- de suspender las sesiones plenarias durante la semana anterior a la celebración de unas elecciones autonómicas. Y el próximo 1 de marzo están convocados comicios en Galicia y el País Vasco. De esa forma, los diputados de ambas comunidades -y otros que no lo son- podrán dejar a un lado sus obligaciones en el hemiciclo y concentrarse en el último tramo de la campaña electoral.
Sesiones extraordinarias
¿Se puede permitir un país que galopa hacia la depresión económica esa apatía de sus representantes políticos? El reglamento del Congreso, pese a sus muchas limitaciones, ofrece una herramienta eficaz para afrontar situaciones de emergencia como la actual fuera de los periodos ordinarios de actividad: la convocatoria de sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la mayoría absoluta -176 diputados- o de la Diputación Permanente, el órgano que "vela por los poderes de la Cámara cuando ésta no está reunida". Pero ni el Gobierno, ni la mayoría absoluta ni la Diputación Permanente han considerado que la gravedad de la crisis económica es motivo suficiente para suspender las vacaciones de sus señorías y convocar un pleno extraordinario.
Es cierto que la Diputación Permanente se reunió ayer en el palacio de la Carrera de San Jerónimo, pero eso no significa que el descanso de la inmensa mayoría se viera perturbado, porque sólo medio centenar de los 350 diputados de la Cámara forman parte de ese órgano, y aún así se registraron algunas ausencias.
El punto más importante del orden del día era la petición de varios grupos parlamentarios, entre ellos el del PP, para que José Luis Rodríguez Zapatero compareciera de forma urgente a explicar las medidas del Gobierno para frenar la imparable destrucción de empleo. Pero los socialistas maniobraron hasta el último momento para evitar ese mal trago a su jefe de filas. Y finalmente lo lograron. Con la imprescindible colaboración, claro está, de CiU, PNV, ERC, IU y BNG, que aceptaron retrasar la comparecencia de Zapatero hasta el 10 de febrero -dentro de casi cuatro semanas-, cuando el Congreso recupere la actividad ordinaria.
Cuando acabó la reunión de la Comisión Permanente, el número dos del Grupo Parlamentario Socialista, Ramón Jáuregui, explicó la letra pequeña del acuerdo sellado in extremis con los grupos minoritarios de la oposición. Y de nuevo, la indolencia ganó la partida: pese a que la cifra de parados ha sobrepasado ya los tres millones, Jáuregui aclaró que, tras la comparecencia de febrero, el presidente del Gobierno sólo acudirá al Congreso una vez más, antes del verano, a rendir cuentas de la lucha contra el desempleo.
Sinverguenzas...........
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