Contra el Canon de la SGAE

La tasa del carterista

POR M. MARTÍN FERRAND

La leyenda urbana de Madrid, ciudad pródiga en sucesos inverosímiles y personajes estrambóticos, incluye el caso de un veterano carterista, hábil también en las técnicas del escalo, que fue requerido por los servicios secretos de la época franquista para una prestación «patriótica». Se trataba de introducirse en la sede de una embajada para obtener una determinada documentación y evitar, en la acción, el riesgo de cualquier conflicto diplomático. El randa aceptó el encargo. «¿Cuánto quiere usted cobrar por el trabajo?», le preguntó el funcionario encargado del caso. «Yo -afirmó el pundonoroso delincuente- no quiero dinero por servir a España; pero me sentiría recompensado si, durante una semana, de ocho a diez de la mañana, se retirara toda vigilancia policial entre las estaciones de metro de Sol y Banco de España, en la línea 2». Así se hizo, los documentos requeridos llegaron al despacho conveniente y el carterista, una semana después, cesó en su actividad profesional para dedicarse a la buena vida.

Lo que hoy, ya en otro tiempo, me gustaría conocer es qué tipo de servicios le han hecho al Gobierno, y especialmente a los ministerios de Cultura e Industria, las sociedades de gestión de derechos de autor para que puedan reivindicar un privilegio fuera de medida sustentado en una ley de Propiedad Intelectual votada por los partidos en la ignorancia de la realidad. El canon sobre los CD, DVD, teléfonos multimedia, memorias fotográficas y otros avances de la tecnología es preventivo. Por si acaso. Eso, además de quitarle toda la certeza a la histórica relación entre uso y pago, ofende en su dimensión cuantitativa. El canon que se perpetra prevé, por ejemplo, una tasa de 90 euros por un iPod de 30 gigas, algo que en Alemania tiene una tasa de 2,56 euros. Entre otras razones, para que el canon que grave la cosa no sea más alto que el precio de la cosa. El carterista que sirvió a Franco se conformó con una semana de recaudación como retribución a su irregular prestación; pero los gestores de la propiedad intelectual van más lejos y pretenden una tasa perpetua incluso por la no disposición de ningún derecho autoral.

Los fabricantes de los avanzados productos tecnológicos teóricamente susceptibles de ser grabados con tan abusivo canon han puesto pies en pared asistidos por la razón y avalados, ante Industria, por un millón de firmas electrónicas depositadas en un soporte que, en lo que se plantea, devengará derechos para quienes de ningún modo se sumarían a esta protesta. Estamos ante un despropósito que, además de perjudicar seriamente a una industria que investiga y progresa, fomentará la piratería, el mercado negro y, lo más importante, dañará los intereses de los ciudadanos, que tendrán que pagar a los «autores» por copiar las fotos de la primera comunión de sus hijos. Era más lógico, equitativo y moral lo del carterista que cuenta la leyenda.