04 abril 2008

Justicia y politica

Adolfo Suárez ablandó las penas de cárcel, incluso para delitos gravísimos (violación, secuestro, asesinato etc.) y estableció los permisos de fin de semana para los presos en el tercer grado.

Felipe González legalizó el consumo de drogas, cerró los manicomios e implantó la ley del menor.

Aznar llenó España de inmigrantes, muchos de ellos ilegales, y no cambió nada de lo anterior.
Zapatero siguió con una parecida política de inmigración y tampoco cambió lo anterior a Aznar.

Una de las muchas consecuencias de lo anterior: la calle está llena de delincuentes y de locos, mientras se ha ido disparando el número de esquizofrénicos desde los años 80. (La Psiquiatría establece la relación directa entre drogadicción y esquizofrenia).

Nada es por azar. Todo en la vida tiene un motivo.
He ahí los datos crudos. Luego vendrán los políticos y su corte de periodistas de cámara a "cocinar" esos datos, haciéndonos creer que vivimos en el mejor de los mundos posibles.

La culpa es de la gilipollez progre de la reinserción, recogida en la sacrosanta Constitución. Y es más gilipollesca cuando hay delincuentes que, como ellos mismos han llegado a reconocer, no son reinsertables.

Antes, cuando la giliprogresía no mandaba en Europa, la cárcel no servía para reinsertar, sino para castigar al delincuente, proteger de éste a la sociedad y frenar a ésta para que no delinquiese. Desde el momento en que la giliprogresía erradicó la idea de culpa, tenemos lo que tenemos. La idea de Rousseau del buen salvaje era un mito, pero eso ya se sabía desde hacía mucho tiempo, por lo menos desde que se tiene noticia de las primeras guerras tribales, sin hombre blanco por medio. Otra cosa es que algunos no quisieran ver la realidad. La realidad, en este asunto, es que el hombre está inclinado al mal, y esa inclinación hay que saber frenarla con sentido común, no con “buenismo” estúpido pero políticamente correcto.
Sólo hay diligencia cuando la infracción, falta o delito supone una merma para las arcas del Estado. No hay mayor dureza que la empleada contra el más pequeño defraudador a Hacienda o contra cualquier conductor que cometa la más mínima infracción, aunque sea de aparcamiento. Lo de perseguir a un pederasta no da dinero al Estado, si bien, a la larga, acaba por salirle caro. Pero en este país nunca ha habido sentido de la previsión. Esto podrá acabar el día en que un político o un juez se vean en algo similar a lo de Huelva. Mientras tanto, España seguirá siendo el paraíso de las mafias y los delincuentes.

¿Por qué el cambio de régimen político en España supuso que llegásemos a esto que hoy lamentamos? Habrá que empezar a hacerse la pregunta del clásico: qui prodest?, o sea, ¿a quién beneficia?i


¿Que mas quereis que diga?

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