(El Confidencial.com)Una paradoja se ha instalado en la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Mientras su potencial económico crece cada año (sus ingresos en 2006 alcanzaron los 342 millones de euros) también lo hace el rechazo popular hacia la entidad que dirige Teddy Bautista. Socios y trabajadores de la SGAE, establecimientos de hostelería, empresas de informática e internautas han convertido a este organismo en el blanco de sus críticas, aunque pocos se atreven a expresarlas públicamente. Y es que la SGAE tiene fama de implacable y de utilizar sus excelentes servicios jurídicos contra cualquiera que se atreva a esbozar una crítica.
La paz dentro de la entidad se desquebraja, ya que no todos los socios comparten el estilo de gestión de Teddy Bautista. De los 66.000 socios que conforman la entidad, tan sólo una minoría tiene derecho a voto en las elecciones, y aún son menos los que pueden presentar candidatura. Este derecho depende de los derechos de autor que un socio sea capaz de generar, por lo que miles de modestos artistas nunca lograrán ir a las urnas. “La mayoría nos sentimos abandonados por la sociedad que dice velar por nuestros intereses, y que además no nos deja participar”, afirmó Marcos Navarro, músico y socio de la SGAE.
La institución celebró elecciones a su junta directiva el pasado 28 de junio. El músico Luis Cobo, conocido como Manglis, guitarrista del grupo Triana y compañero de Raimundo Amador, presentó su candidatura para aglutinar a los socios descontentos que reclaman cambios en el gobierno de la entidad. Cobo perdió, pero impugnó los comicios alegando irregularidades. “Hay mucha gente que no habla por miedo”, aseguró Navarro, quien agregó que aquellos que cuestionan las prácticas de la dirección son expedientados. “La oposición dentro de la SGAE es clandestina, nadie se atreve a ir a las asambleas a quejarse”, apuntó otro socio que prefirió mantenerse en el anonimato.
Navarro criticó el sistema estadístico que utiliza la entidad para repartir entre los socios el dinero recaudado. "Tienes que estar encima y preocuparte si quieres recibir lo que de verdad te corresponde", afirmó. Además, el músico denunció que la SGAE cobra también por obras que no le pertenecen. Ante esta situación, muchos creadores optan por desligarse de la SGAE y utilizar licencias de 'copyleft' como 'creative commons', que permite a terceras personas distribuir, copias y exhibir el material creado por un artista si se muestra en los créditos.
Pero el malestar por la gestión de la SGAE no sólo procede de sus socios. Los inspectores, encargados de ir a los establecimientos a cobrar los derechos de autor y de cerrar los contratos, se han rebelado. Unos 200 trabajadores han acudido a la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos (UPTA) para que les represente y defienda ante la dirección de la SGAE. Según César García, director de política sectorial de UPTA, los inspectores también han sucumbido al miedo. “Se han ido agrupando en secreto durante meses, la gente está muy asustada”, señaló García. Estos trabajadores denuncian que la entidad ha centralizado los contratos más suculentos, los que atañen a cines o ayuntamientos, y que sus ingresos han disminuido considerablemente. García señaló que algunos inspectores descontentos habían abandonado el puesto, y habían sido sustituidos por trabajadores más jóvenes con peores condiciones laborales.
Además, Internet se ha convertido en un territorio inhóspito para la sociedad de autores, aunque la institución ha sabido responder con dureza a los internatuas. El primer ataque organizado en la red contra la SGAE fue en 2004. Numerosos usuarios, a través de la colocación un código en multitud de webs, lograron que la página de la sociedad general de autores y editores apareciera entre los primeros enlaces al teclear la palabra ‘ladrones’ en el popular buscador Google. La técnica conocida como ‘googlebombing’ funcionó como una auténtica declaración de guerra a la SGAE.
Por informar de esta acción, Julio Alonso, autor del blog Merodeando, fue denunciado por la SGAE. Alonso se negó a retirar el texto en el que aludía al ‘googlebombing’ y la entidad emprendió acciones legales. “La SGAE trata de que se convierta en un escarmiento para el resto, que se genere la sensación de que quien escribe sobre ellos se puede buscar un problema”, señaló Alonso, quien advirtió que esto puede causar “una peligrosa autocensura”. El autor de Merodeando, que acudirá ante el juez en abril, espera que su caso sirva para que otros no se “amedrenten”.
Sin embargo, los precedentes no son halagüeños para Alonso. En septiembre, el creador de la web alasbarricadas.org fue multado con 6.000 euros por insultos al cantante conocido como Ramoncín, quien durante años formó parte de la dirección de la SGAE. Los comentarios difamatorios habían sido escritos por lectores anónimos en un foro de la página, pero el juez decidió condenar al responsable de la misma por no vigilar con diligencia los contenidos publicados. Previamente, en enero, la web Frikipedia también fue condenada a pagar una indemnización de 600 euros a la SGAE por un delito contra el honor.
Batalla por el canon digital
“La SGAE tiene a media red amenazada y a otra media denunciada” aseguró Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas (AI). “Es la institución menos grata de todo Internet en España, la gente está caliente”, agregó. AI, junto con la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) y la Asociación de Hosteleros Víctimas del Canon (VACHE), presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para que investigue presuntos delitos como estafa o apropiación indebida.
La denuncia se basa en investigaciones periodísticas de los diarios El Economista y Público, que destaparon una supuesta red de sociedades lucrativas, vinculadas a directivos de la entidad, que se estarían nutriendo de los fondos recaudos en concepto de derechos de autor. La SGAE no tardó en responder que se querellaría contra estas cuatro asociaciones por denuncia falsa.
Pero el verdadero caballo de batalla entre estas organizaciones es el controvertido canon digital. La ley de Protección Intelectual, aprobada en 2006, establece que cualquier soporte idóneo para grabar y reproducir archivos genera canon. Esto incluye CD y DVD, así como MP3, móviles, grabadoras de discos y otros instrumentos tecnológicos. Las asociaciones de internautas reunieron más de un millón de firmas contra esta medida e insisten en que la tasa no debe ser una cantidad fija, como los 60 céntimos que ahora se cobran por CD, sino un porcentaje del precio. Además, se niegan a que la SGAE continúe encargándose de la recaudación de este canon. “Debe ser una entidad administrativa con garantías”, dijo Miguel Pérez, responsable de AUI.
El intercambio de discos y películas por Internet también subyace en el enfrentamiento entre internautas y SGAE. Los primeros defienden su derecho a la copia privada y a su libre intercambio, mientras la entidad de autores y editores capitanea la cruzada contra lo que califican de piratería. “Queremos hablar de intercambio de archivos, del impulso a la sociedad de la información, pero con la SGAE no se puede porque solo quiere hablar de dinero”, afirmó Víctor Domingo.
Ana María Méndez, representante de la APEMIT, explicó que la SGAE reclama un total de 6 millones de euros a sus asociados por el canon digital. La entidad de gestión de autor tiene derecho a pedir la contabilidad de los negocios y, basándose en esos datos, exige el canon por todos los soportes vendidos desde 2002. Según Méndez, la SGAE no se conforma con la tasa de 60 céntimos por disco, sino que reclama 1,20 euros más IVA. Para AMEPIT se trata de un varapalo económico para la mayoría de pequeñas y medianas empresas. “Se ha generado mucha indignación”, indicó Méndez, “porque los inspectores de la SGAE entran en tiendas de regalo o zapaterías y cobran porque el dependiente tenga la radio puesta para entretenerse”.
